PERU: Un fondo de cobertura presiona a Perú para que pague sus bonos agrarios
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Un fondo de cobertura presiona a Perú para que pague sus bonos agrarios
Un fondo de cobertura de Connecticut adelanta una campaña para hacer que Perú pague unos bonos agrarios que el país incumplió dos décadas atrás, y para ello sigue las mismas tácticas que algunas firmas financieras aplicaron con Argentina, Grecia e Islandia.
Gramercy Funds Management LLC comenzó a comprar hace aproximadamente una década bonos agrarios que estaban en manos de peruanos desde la época en que sus granjas familiares fueron expropiadas por el gobierno en la década de 1960. Gramercy reunió cerca del 20% de esos bonos pagando una fracción de su valor nominal y ahora dice que se le debe más de US$1.000 millones, de acuerdo con personas al tanto del asunto.
El gobierno peruano pone en entredicho esa cifra, y sucesivos gobiernos han ignorado las órdenes de la justicia local para que se pague. Lo que está en juego ahora es cómo ajustar los reclamos de los tenedores de bonos tras décadas de inflación y pagos de intereses incumplidos: los acreedores dicen que se les debe cerca de US$5.000 millones mientras el gobierno calcula una suma mucho menor. Perú dejó de pagar los bonos en 1992 a raíz de la crisis de la deuda latinoamericana.
Cuando Perú aprobó en enero de 2014 un decreto para desembolsar menos de 10% de lo que los tenedores de bonos dicen que se les debe, Gramercy envió un ejecutivo a Lima para presionar por un acuerdo. Recibió una respuesta breve de un funcionario del gobierno, según una persona informada sobre el asunto: “Hagan que nos interese”. (VER: palta-arroz-y-cafe-entre-los-productos-que-mas-se-exportaran-en-2016-peru)
Gramercy, que gestiona activos por US$6000 millones, respondió contratando a la firma de lobbying Podesta Group para que esta influyera para que legisladores estadounidenses apoyaran a los tenedores de bonos, uniéndose a grupos de bonistas locales y emprendiendo una campaña en los medios peruanos que coincidió con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Lima en octubre.
Ahora, la firma ha obtenido una opinión legal que acusa a Perú de violar las regulaciones de valores de Estados Unidos, en un esfuerzo por hacer que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) sancione a Perú. Una portavoz de la SEC se negó a comentar.
Perú está sujeto a las regulaciones de la SEC porque se endeuda en los mercados globales mediante bonos que emite bajo la legislación de Nueva York, una opción que probablemente prefiere mantener abierta en un momento en que la caída mundial de los precios de las materias primas ha provocado déficits presupuestarios.
No es inusual que los fondos de cobertura traten de exprimir a los gobiernos con problemas de liquidez para cobrar bonos en cesación de pagos. Elliott Associates, de Paul Singer, usó esa estrategia en 2000 para obligar a Perú para pagar algunos bonos y lleva haciendo algo similar contra Argentina desde 2004.
La pelea de Gramercy es diferente porque Perú se encuentra en una situación financiera sólida —su calificación actual, -A, ubica al país por encima de Irlanda e Italia— y porque la mayoría de los tenedores de bonos que exigen el pago son locales.
“No hemos perdido la esperanza de que nos paguen”, dijo Ed Aedo, de 72 años, cuya familia reclama US$8 millones por los bonos que su padre, ya fallecido, recibió a cambio de su granja de alpaca hace casi cinco décadas. “Incluso si no disfrutamos [ese dinero] nosotros mismos, veremos a nuestros hijos disfrutar de él”, dijo Aedo, quien ha gastado cerca de US$15.000 en su pelea.
Es poco probable que la atención internacional lleve a Perú a pagar bajo el gobierno del presidente Ollanta Humala, pero podría dar resultado cuando sea reemplazado tras las elecciones generales de este año, dijo Aedo. (VER: bolivia-y-peru-invertiran-500-millones-dolares-para-sanear-el-lago-titicaca)
Hasta ahora, los compradores de bonos internacionales de Perú ven la campaña de Gramercy como poco más que un espectáculo. Un bono a 10 años que el país emitió en octubre cotizaba esta semana con un rendimiento de 2,4%, casi lo mismo que los bonos de empresas de sólidas como Johnson & Johnson.
“Nos gusta bastante Perú”, dijo Koon Chow, estratega sénior de divisas de Union Bancaire Privée, citando el crecimiento económico de Perú, una ajustada política fiscal y reservas sustanciales. El país, dijo, cuenta con el dinero para pagar cualquier juicio si un nuevo gobierno decide hacerlo.
Cuando los fondos de cobertura compran deuda soberana en cesación de pagos, por lo general compran bonos internacionales para que puedan presentar demandas contra los países deudores, de ser necesario, en tribunales de Estados Unidos o Europa, porque eso crea para los deudores dificultades de acceso a los mercados globales. Pero los bonos agrarios se rigen por la legislación peruana.
Gramercy contrató a John Coffee, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia para que emita una opinión legal sobre algunos documentos de deuda presentados por Perú a los inversionistas. Según Coffee, Perú violó en octubre la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 cuando emitió un bono de 1.100 millones de euros (US$1.200 millones), al decir a los inversionistas que el país no estaba “involucrado en disputas con sus acreedores internos o externos”.
Los tenedores de bonos agrarios han presentado al menos 450 demandas en busca de que el gobierno les pague, de acuerdo con un documento proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú a los abogados de Gramercy. (VER: usan-aves-como-radares-para-controlar-la-contaminacion-en-lima-peru)
Perú “es diligente en su gestión de las emisiones de deuda y en las informaciones” que provee, dijo un funcionario del gobierno.
El debate se ha prolongado en torno del monto de la deuda, porque los bonos están denominados en una moneda que ya no existe y que Perú dejó de usar después de varias etapas de hiperinflación. Perú sostiene que está dispuesto a pagar a los tenedores de bonos en cumplimiento de una sentencia de julio 2013 de la Corte Suprema, que valoró los reclamos en no más de US$24 millones, según Coffee.
Esa decisión de 2013 es el centro de un escándalo que estalló el año pasado después de que uno de los jueces involucrados dijo que la sentencia había sido falsificada usando líquido corrector y que se le prohibió publicar su opinión en disidencia sobre la materia. Un fiscal está adelantando una investigación penal sobre la sentencia.
—Carolyn Cui y Ryan Dube contribuyeron a este artículo.